La
Agencia de Protección de Datos española ha tomado la iniciativa de desarrollar
un sistema de verificación de edad
para acceder a contenido para adultos en internet.
Hasta ahora, la mayoría de los
servicios a través de aplicaciones o webs se basan en una simple declaración del usuario, que afirma tener más de 18 años.
Nadie lo comprueba. Nada impide que los menores de edad encuentren todo tipo de
contenidos extremos, incluso si no los buscan, ofrecidos por algoritmos
programados para conseguir el mayor número posible de horas de uso. La batalla
contra este tipo de prácticas es compleja, lo urgente es tomarse en serio que,
al menos, los menores no sean sus víctimas.
Para ayudar a
los 86.000 empleados de Meta o a los
190.000 de Alphabet en esta ardua
tarea, Protección de Datos ha encargado a un equipo de la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre española que desarrolle su propia
herramienta de verificación. Esperan tenerla lista antes del verano.
Funcionaría como un certificado de edad a través de terceros, es decir, un
permiso digital que expide la Administración, protegiendo los datos del
usuario. Habrá que comprobar su funcionamiento final y su efectividad, pero la
iniciativa tiene que ser bienvenida: supone decir basta a las excusas de las
tecnológicas para no regular el acceso cuando hay alarma social sobre los
efectos del mal uso de internet en los menores.
Existe una correlación entre el acceso instantáneo a contenido digital
infinito en la última década y cuestiones como el aumento significativo de las
cifras de suicidios y depresión en adolescentes, o el incremento en las
agresiones sexuales cometidas por menores. Los últimos datos del Ministerio del
Interior revelan un aumento del 18% anual en el número de menores detenidos o
investigados por delitos sexuales en España. Un estudio de la Generalitat de
Cataluña señala directamente las redes
sociales como uno de los factores que hay detrás de la macabra moda de las
violaciones en grupo por menores y a menores. Los efectos dañinos de Instagram
en chicas adolescentes están crudamente descritos en la denuncia que los
fiscales generales de 41 Estados norteamericanos presentaron en California
contra Meta (Facebook, Instagram y WhatsApp) el pasado octubre. Correlación no
es causalidad, la preocupación social al respecto es intensa, y las sospechas
se ven reforzadas por evidencias como los documentos internos de Meta que
mostraban cómo la compañía era consciente del daño que provocaban sus
contenidos.
Hoy los únicos que saben lo que ven los
menores en el móvil son los dueños de las plataformas. Cada cifra que tocan en
un algoritmo es una decisión
editorial: ellos deciden qué contenido se enseña y cuál no. Ya han demostrado
que no tienen interés en restringir lo que ponen a disposición de los más
jóvenes. Les va el modelo de negocio en ello. Pero la sociedad no puede estar
indefensa. Igual que se pudo frenar el acceso descontrolado de los menores al
tabaco o al alcohol, hay que dar la batalla por proteger la salud mental de quienes van a crecer con un móvil en la
mano.
Editorial de El País (18 dic 2023)